El Faro de Melilla

EL GOBIERNO LOCAL ANUNCIA UNA AMPLIACIÓN EN AYUDAS SOCIALES

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, avanzó ayer una batería de importantes novedades en materia de Bienestar Social que marcarán un punto de inflexión en la política social del Gobierno local de cara a 2026. En el marco de la presentación de la nueva convocatoria de ayudas para enfermos neurológicos, Imbroda aprovechó su comparecencia para detallar un ambicioso plan de ampliación presupuestaria, normativa y asistencial que, según afirmó, permitirá multiplicar por tres las ayudas sociales existentes y llegar a un mayor número de familias melillenses. El presidente situó estas medidas dentro de la “estela” iniciada por la Consejería de Bienestar Social y Salud Pública, subrayando que el compromiso del Ejecutivo no se limita a una actuación puntual, sino que responde a una estrategia de continuidad y refuerzo del sistema de protección social de la ciudad. Una de las principales novedades anunciadas por Imbroda es la multiplicación por tres de las ayudas generales de Bienestar Social. El presidente explicó que esta ampliación afectará a diferentes líneas de apoyo, como las ayudas vinculadas al salario mínimo, las prestaciones específicas de transporte para enfermos y otras subvenciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. “El año que viene multiplicamos por tres las ayudas”, señaló Imbroda, quien cifró el incremento presupuestario en una horquilla que irá “de alrededor de un millón hasta tres millones de euros aproximadamente”. Esta ampliación, explicó, quedará recogida en el nuevo reglamento del área, que previsiblemente será aprobado en el pleno de la próxima semana. El presidente aclaró que, una vez aprobado el reglamento y al contar con dotación presupuestaria suficiente, el objetivo es reproducir el modelo aplicado a las ayudas para enfermos neurológicos: convocatorias abiertas, procedimientos claros y posibilidad real de acceso para las familias. Imbroda destacó que el nuevo reglamento de Bienestar Social no solo supondrá un aumento de recursos, sino también una ampliación del acceso a las ayudas. En este sentido, anunció una modificación relevante en los criterios económicos que hasta ahora limitaban el acceso a determinadas prestaciones. “Había un límite de sueldo y lo vamos a abrir en un 50%”, explicó, lo que permitirá que muchas familias que quedaban excluidas por superar ligeramente los umbrales de renta puedan acceder a las ayudas. Esta medida busca adaptarse mejor a la realidad económica de la ciudad y evitar situaciones en las que hogares con ingresos ajustados queden fuera del sistema de apoyo. Según el presidente, esta flexibilización responde a la voluntad del Gobierno de “abrir la ayuda a más personas” y de reforzar el carácter inclusivo de las políticas sociales. Otra de las novedades anunciadas es la puesta en marcha de un convenio con el Colegio de Odontólogos para ofrecer servicios básicos de atención dental de manera gratuita a personas vulnerables derivadas desde los Centros de Bienestar Social. Imbroda explicó que el colegio profesional actuará como intermediario y canalizador del servicio, facilitando el acceso a los odontólogos colaboradores en coordinación directa con la consejería. El objetivo es cubrir una necesidad básica que, en muchos casos, queda fuera del alcance económico de las personas en situación de exclusión social. Este acuerdo permitirá atender problemas dentales esenciales que inciden directamente en la salud y la calidad de vida, especialmente en colectivos con menos recursos. El presidente anunció también que el Gobierno local llevará finalmente a efecto el copago farmacéutico para pensionistas, una medida largamente demandada y orientada a reforzar la protección de quienes, por su edad y situación económica, afrontan con mayor dificultad el coste de los tratamientos. Para hacerlo posible, explicó que se firmará un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que actuará como entidad mediadora entre los beneficiarios y la administración. En este sentido, Imbroda precisó que el colegio no asumirá un carácter finalista ni decisorio, sino estrictamente de mediación: será un instrumento de apoyo para ordenar el procedimiento, canalizar la tramitación y facilitar que la ayuda llegue de forma ágil y efectiva a quienes cumplan los requisitos establecidos. El presidente subrayó que la finalidad del acuerdo es precisamente simplificar la gestión y garantizar el acceso a este respaldo económico, evitando trabas innecesarias y asegurando que el sistema funcione con claridad tanto para los pensionistas como para las oficinas de farmacia. De este modo, el colegio actuará como puente operativo, permitiendo una coordinación más directa entre las partes implicadas y contribuyendo a que el procedimiento sea más cercano y comprensible para el usuario final. Con esta medida, el Ejecutivo pretende reducir la carga económica que suponen los tratamientos farmacológicos crónicos, especialmente en personas mayores, que suelen depender de medicación continuada y estable. La implantación del copago farmacéutico para pensionistas busca, así, aliviar un gasto recurrente que pesa de manera notable sobre los hogares con menos recursos, ofreciendo un apoyo específico para que el acceso a los medicamentos no se vea condicionado por la capacidad de pago. Entre las iniciativas anunciadas, el presidente destacó un acuerdo con el Colegio de Médicos para apoyar económicamente los tratamientos de reproducción asistida. Este convenio estará dirigido a personas que necesitan este tipo de tratamientos y carecen de medios suficientes, o que se encuentran en largas listas de espera que, en muchos casos, dilatan el proceso hasta hacerlo inviable. Imbroda señaló que el objetivo es evitar que el tiempo y la falta de recursos frustren proyectos de maternidad o paternidad, ofreciendo una alternativa ágil y respaldada por la administración local. Aunque el presidente reconoció que la tramitación presupuestaria y la firma de los convenios requieren plazos administrativos, avanzó que todas estas ayudas y acuerdos estarán previsiblemente operativos en el segundo cuatrimestre del año. “Se apura el presupuesto, se pone en vigor y hay que hacer los convenios”, explicó, subrayando que se trata de procesos complejos pero necesarios para garantizar la seguridad jurídica y la correcta ejecución de las medidas. Imbroda concluyó señalando que estas iniciativas suponen “novedades importantes” que refuerzan el sistema de bienestar social de Melilla y consolidan una política de apoyo continuado a las personas y familias más vulnerables, con una visión de futuro y una clara vocación de ampliación de derechos. Seguir leyendo